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Cláusulas suelo

Cláusulas suelo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone las cosas en su sitio

23-12-2016

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE,  enmienda la plana al Tribunal Supremo que en la Sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró la nulidad de las cláusulas suelo en razón de su falta de transparencia, pero limitó la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad, con fundamento en el principio de seguridad jurídica, a partir de la fecha de su publicación. Es decir,  sólo tendrían que restituirse las cantidades indebidamente pagadas, con posterioridad al pronunciamiento de la Sentencia de 9 de mayo de 2013.

Ahora la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 21 de diciembre de 2016, da respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada y la Audiencia Provincial de Alicante, declarando que la Sentencia del Tribunal Supremo se opone al artículo 6.1º de la Directiva 93/13/CEE, y que la declaración del carácter abusivo de la cláusulas suelo, debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente, mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional –en este caso el banco- en detrimento del consumidor.

Es decir, si la cláusula suelo, es nula, tendrá el Banco que reintegrar al cliente, todas las cantidades que indebidamente haya cobrado en aplicación la misma.

Hasta ahora, parece que los Bancos no se han planteado una solución general para dar solución con carácter general a sus clientes afectados –si bien la Sentencia es reciente- , pero en todo caso, la misma,  abre la vía,  para que podamos exigir la íntegra reparación de los daños que los usuarios han sufrido por la imposición de las abusivas cláusulas suelo.

Es importante entonces que todas las personas que suscribieron un préstamo hipotecario revisen sus cláusulas ante la posibilidad de que el mismo cuente con una cláusula suelo y que, las que ya reclamaron en su día, estudien su caso personal, en función de si ya existe o no sentencia judicial firme. SABIN ABOGADOS cuenta con personal especializado en esta materia que estará encantado de estudiar cada caso concreto al objeto de encontrar la vía más adecuada para cada cliente en función de sus circunstancias personales.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Implantación de un plan de prevención de delitos en las empresas

17-03-2016

El día 1 de julio de 2015, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, que entre otros cambios, delimitó la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento ya en el año 2010.

Esto supone que las Personas Jurídicas, podrán ser condenadas en el orden penal como consecuencia de determinados delitos cometidos por sus representantes, empleados o dependientes (art. 31 bis Código Penal). Y se establece que, para eximir o atenuar su posible responsabilidad criminal, los órganos de administración de las empresas deben de haber adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Aparece así pues la necesidad de implantar en la empresa, un MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD). 

El MPD es la única manera de eximir o atenuar la posible responsabilidad penal de la empresa en el caso de la comisión de un delito.

La necesidad de su implantación es indiscutible, ante la gravedad de las penas aplicables a las Personas Jurídicas:

.- Multa por cuotas (cuota diaria desde 30 a 5.000 €, máximo 5 años) o proporcional (en proporción al daño causado, valor del objeto del delito o beneficio reportado).

.- Disolución de la Persona Jurídica.

.- Suspensión de sus actividades.

.- Clausura de locales y establecimientos.

.- Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

.- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

.- Intervención judicial.

 

Para implantar un MPD, hay que valorar las circunstancias específicas de la empresa, analizando los riesgos reales por los que puede ser castigada penalmente, incluyendo las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de los delitos. Todo ello tiene que adaptarse a las concretas circunstancias de cada empresa, pues en ningún caso sería valorado positivamente por los Tribunales que el órgano de administración se hubiera limitado a hacerse con un formulario tipo o un modelo genérico que no contemple las concretas circunstancias de la empresa, y no hubiera sido creado específicamente para la misma.

Pero además es necesario contar con un órgano encargado de la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del MPD de delitos. Será el encargado de implementar el programa de cumplimiento, basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de las actividades de cumplimiento, su implantación y la prueba periódica de su efectividad. Surge así la figura del Responsable de Cumplimiento (Compliance officer).

En el caso de “personas jurídicas de pequeñas dimensiones”, las funciones del responsable de cumplimiento, pueden ser asumidas por el órgano de administración, lo que en ningún caso le exime de la necesidad de adopción de un MPD, ni de su implantación y ejecución.


Sabin Abogados, cuenta con un equipo especializado en riesgos penales, que se encargará tanto de la redacción del MPD para su empresa, como de proporcionar el asesoramiento y formación para la adopción y ejecución del mismo.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Ciberdelitos

Ciberdelitos

Aumento de las estafas a través de internet

24-09-2015

Con la apertura del nuevo año Judicial nos ha llegado la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa al 2014, en la que se refleja un llamativo aumento de los “Ciberdelitos”.  Concretamente, en el año 2013 se incoaron 11.990 procedimientos penales relacionados con las nuevas tecnologías, mientras que en 2014 fueron un total de 20.534, un 71,2% más. Pero si estas cifras nos llaman la atención, más nos impresiona el hecho de que entre esos Ciberdelitos las estafas ostentan el dudoso honor de ser las más numerosas, representando un escandaloso 84,39% de los procedimientos totales. Como nota positiva conviene mencionar que las nuevas medidas de seguridad implementadas por los bancos parecen haber tenido efecto, ya que se ha detectado un significativo descenso en los casos de “Phising”, una modalidad de estafa informática que consiste en obtener las claves bancarias de la víctima utilizando engaño, para después hacer transferencias fraudulentas desde la misma.

[Fuente: Diario Expansión]
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/09/13/55f30a6e46163f812d8b4598.html

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